Y la Corte lo hizo una vez más: a principios de esta semana, los magistrados se negaron a reconocer como responsables por el incendio de la guardería ABC a altos funcionarios del gobierno, primordialmente a nivel federal, y sólo los declaró involucrados en el caso.
Eso me parece gravísimo por varios motivos:
En primer lugar, los servidores públicos no sólo cuentan con un empleo en el gobierno, sino que tienen la responsabilidad de trabajar para el resto de la población utilizando eficientemente sus recursos y velando por el cumplimiento de la ley.
En el caso ABC por supuesto que hay varios responsables que deben señalarse por hacerse occisos con su cometido: quienes la operaban, por no acatar la normatividad más elemental para establecer una estancia infantil (o qué opinan del bodegón que albergaba la guardería, con techos peligrosos, falta de ventilación, sin una puerta amplia para entrar y sin salidas de emergencia…); los inspectores, por hacerse de la vista gorda ante las anomalías (su función era clausurar el local en caso de detectar cualquier incumplimiento); y tanto las autoridades estatales como federales del IMSS, porque son los primeros que debieran responder, porque no les pagan lo que les pagan para salir en las fotos sino para hacerse responsables de que todo funcione como debe y dar la cara en situaciones como esta.
¿Por qué razón se empeñan en proteger a esos cobardes? Porque los personajes gubernamentales de ‘alto nivel’ implicados en el caso ABC son amigos del presidente, porque se dice que los operadores de la guardería son parientes de la esposa del presidente, y porque en países como el nuestro no hemos avanzado lo suficiente para eliminar a los ‘intocables’.
En segundo lugar, yo me pregunto: al día de hoy, ¿cuántas personas utilizan diariamente los sistemas de cuidado infantil para poder trabajar? No conozco el número exacto, pero son muchísimas, muchisisísimas, y una tragedia como la de ABC podría pasarle a cualquiera que haga uso de ese tipo de servicio.
Quienes ponen una guardería deben estar conscientes de que no se trata de un negocio, sino que es parte de una noble labor social. En ellas no se trabaja con muebles y materia prima, sino con niños de carne y hueso, vulnerables, que deben ser cuidados, atendidos y vigilados.
Caí en cuenta que las críticas al gobierno tienden a recaer en el poder ejecutivo, luego en el legislativo y del judicial casi no se habla porque es una especie de caja negra de la que nunca se sabe gran cosa, y si se sabe es para vergüenza pública como cuando desecharon los casos de Lidia Cacho y Acteal y ahora sumamos la afrenta de ABC, que es indignante, de una ausencia de ética absoluta y tan aberrante que no podemos más que indignarnos ante tanta indecencia.
¿En qué se traduce todo esto? En la más vil y ponzoñosa corrupción, que mientras exista garantizará que siga habiendo en la sombra recintos de cuidado infantil de dudosa procedencia como la tristemente célebre guardería ABC (y que descansen en paz esos 49 pequeñitos…).
Eso me parece gravísimo por varios motivos:
En primer lugar, los servidores públicos no sólo cuentan con un empleo en el gobierno, sino que tienen la responsabilidad de trabajar para el resto de la población utilizando eficientemente sus recursos y velando por el cumplimiento de la ley.
En el caso ABC por supuesto que hay varios responsables que deben señalarse por hacerse occisos con su cometido: quienes la operaban, por no acatar la normatividad más elemental para establecer una estancia infantil (o qué opinan del bodegón que albergaba la guardería, con techos peligrosos, falta de ventilación, sin una puerta amplia para entrar y sin salidas de emergencia…); los inspectores, por hacerse de la vista gorda ante las anomalías (su función era clausurar el local en caso de detectar cualquier incumplimiento); y tanto las autoridades estatales como federales del IMSS, porque son los primeros que debieran responder, porque no les pagan lo que les pagan para salir en las fotos sino para hacerse responsables de que todo funcione como debe y dar la cara en situaciones como esta.
¿Por qué razón se empeñan en proteger a esos cobardes? Porque los personajes gubernamentales de ‘alto nivel’ implicados en el caso ABC son amigos del presidente, porque se dice que los operadores de la guardería son parientes de la esposa del presidente, y porque en países como el nuestro no hemos avanzado lo suficiente para eliminar a los ‘intocables’.
En segundo lugar, yo me pregunto: al día de hoy, ¿cuántas personas utilizan diariamente los sistemas de cuidado infantil para poder trabajar? No conozco el número exacto, pero son muchísimas, muchisisísimas, y una tragedia como la de ABC podría pasarle a cualquiera que haga uso de ese tipo de servicio.
Quienes ponen una guardería deben estar conscientes de que no se trata de un negocio, sino que es parte de una noble labor social. En ellas no se trabaja con muebles y materia prima, sino con niños de carne y hueso, vulnerables, que deben ser cuidados, atendidos y vigilados.
Caí en cuenta que las críticas al gobierno tienden a recaer en el poder ejecutivo, luego en el legislativo y del judicial casi no se habla porque es una especie de caja negra de la que nunca se sabe gran cosa, y si se sabe es para vergüenza pública como cuando desecharon los casos de Lidia Cacho y Acteal y ahora sumamos la afrenta de ABC, que es indignante, de una ausencia de ética absoluta y tan aberrante que no podemos más que indignarnos ante tanta indecencia.
¿En qué se traduce todo esto? En la más vil y ponzoñosa corrupción, que mientras exista garantizará que siga habiendo en la sombra recintos de cuidado infantil de dudosa procedencia como la tristemente célebre guardería ABC (y que descansen en paz esos 49 pequeñitos…).
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